Indice
El Descubrimiento de América: 4ª Parte
LAS MALVINAS EN POSESIÓN BRITÁNICA (1833 - ABRIL 1982)
Tras un año de abandono de las islas, en enero de 1834, se produce el arribo del teniente Henry Smith a bordo de la HMS Challenger, procediendo a izar la bandera británica. Smith asumió al día siguiente el mando del archipiélago y centró sus esfuerzos en restaurar el establecimiento de Port Louis, al que renombró Anson's Harbour. Fue sucedido por los tenientes Robert Lowcay en abril de 1838 y John Tyssen en diciembre de ese mismo año.
Estas autoridades negaron a Vernet sus reiteradas solicitudes para volver a asentarse en las instalaciones de las que era dueño, con el argumento de que se trataba de un "intruso". Finalmente, tras una visita a Londres, obtuvo una escasa compensación monetaria por la pérdida de sus caballos, pero se le negó una ampliación de la indemnización por los demás daños.
Protestas diplomáticas argentinas
Inmediatamente luego de la invasión británica se estableció entre ambas naciones un patrón de argumentaciones diplomáticas que se extendería casi sin variaciones hasta la fecha actual.
El 17 de junio de 1833 Manuel Moreno, enviado argentino ante el gobierno del Reino Unido, presentó la protesta formal en un largo documento escrito en inglés y en francés. La Protesta, como generalmente se conoce al texto, repetía en su sustancia los fundamentos ya enunciados en el decreto de nombramiento de Vernet: dado que la innegable soberanía española sobre las islas había cesado debido a la independencia de sus territorios en América, las Provincias Unidas del Río de la Plata, como nueva nación independiente y reconocida por Gran Bretaña y otros estados, la había sucedido en los derechos sobre la jurisdicción de los mares del sur. Gran Bretaña, por lo tanto, quedaba excluida del asunto, y no tenía derecho a reclamo alguno.
La respuesta británica llegó seis meses más tarde. En carta de lord Palmerston, el gobierno inglés reiteraba la no extinción de los derechos anglosajones sobre las islas, fundamentados en el restablecimiento del asentamiento de Port Egmont en 1771. Alegaba que el posterior abandono de la base se había debido a cuestiones "de austeridad" y no de renunciamiento, como "atestiguaba" la placa de plomo oportunamente fijada por los marinos ingleses al retirarse.
El gobierno argentino calificó la respuesta de Palmerston como insatisfactoria, por lo que Moreno volvió a protestar el 29 de diciembre, sin obtener respuesta del Foreign Office.
La política exterior de Juan Manuel de Rosas, en aquellos años a cargo del poder ejecutivo, era proclive a restaurar relaciones de amistad. En 1838 Moreno fue despachado nuevamente a Londres con el fin de tantear los ánimos sobre la eventual e hipotética posibilidad de ceder los derechos argentinos sobre las Malvinas con la condición de que la deuda remanente del préstamo de la Baring Brothers de 1824 fuera cancelada por el gobierno británico. La gestión tuvo resultado negativo. Asimismo, y a pesar de la oficial interrupción de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, recurrió en 1839 al ministro plenipotenciario en Washington, Carlos María de Alvear, quien mantuvo una entrevista de carácter especial con el secretario de Estado John Forsyth: el gobierno norteamericano se mantenía ajeno a la cuestión de soberanía, limitándose a apoyar el accionar de la Lexington, pero "sin que ello hubiera tenido la menor intención ni el deseo de hacer el más mínimo ultraje al gobierno ni a la Nación Argentina".
Nuevo Poblamiento
En 1839 un mercader británico llamado G. T. Whittington fundó la Falkland Islands Commercial Fishery and Agricultural Association (Piscifactoría Comercial y Asociación Agrícola Islas Malvinas) y comenzó a ejercer presión sobre el gobierno de Su Majestad a fin de obtener permisos de explotación en las islas. Presentó ante las autoridades inglesas una petición firmada por un centenar de comerciantes londinenses, en la que demandaba que se discutiera en forma pública el futuro económico del archipiélago.
En abril de 1840 escribió al secretario colonial, lord Rusell, proponiendo a su compañía como pionera de una eventual colonia. En octubre de ese año, sin que tuviera noticias del gobierno sobre el estado de su petición, Whittington despachó a su hermano con dos barcos que llevaban colonos y materiales. Arribaron en Puerto Luis en enero del año siguiente. J. B. Whittington exigió que se le otorgaran las tierras que su hermano alegaba haber comprado de Vernet.
Tyssen, por entonces la máxima autoridad, respondió que no había recibido instrucciones de Londres sobre el particular, pero no pudo impedir que los pioneros se asentaran. Whittington lo hizo en Puerto Luis, en donde construyó una casa de nueve habitaciones y estableció un saladero de pescado en el mismo lugar donde Vernet había instalado el suyo.
En octubre de 1841 arribó el primer gobernador de las islas, el teniente Richard Clement Moody, a bordo de la HMS Hebe. Viajaban con él doce mineros y sus familias, dispuestos a asentarse en Malvinas; la colonia de Anson's Harbour contaba ya con unas cincuenta personas.
Un año después lord Edward Smith Stanley, secretario colonial de Estado, instruyó a Moody para que investigara el potencial del área del actual Puerto Williams como lugar de asentamiento humano. El gobernador asignó la tarea al capitán James Clark Ross, líder de la famosa expedición antártica. En 1843 Ross elevó un informe en el que sostenía que, en efecto, Puerto Williams podría funcionar como base para naves de gran calado, y que las costas desde el actual Puerto Jackson hacia el sur eran adecuadas para la construcción de caseríos, debido a su ubicación protegida de los vientos, disponibilidad de agua dulce y abundancia de turba.
Los trabajos comenzaron en julio de 1843; el 18 de ese mes el gobernador Moody bautizó el poblado como Puerto Stanley. En 1845 se establecieron los principales órganos de gobierno colonial: el Consejo Legislativo y el Consejo Ejecutivo; tres años después se asignaron los cargos administrativos correspondientes. Para 1846 ya estaban construidas unas treinta casas prefabricadas de madera para 164 residentes, junto con una carpintería y una herrería.
La mayoría de los colonos se trasladaron al nuevo puerto, que creció rápidamente hasta alcanzar los 200 habitantes en 1849. Ese mismo año arribaron treinta familias para distribuirse entre la guarnición permanente y el destacamento policial. Reemplazaron a los mineros y zapadores que habían servido como fuerzas de orden desde 1842 a 1849.
A fines de ampliar el cuerpo de policía, en 1857 se reclutaron varios civiles, y al año siguiente la guarnición fue reforzada con un grupo de 35 marines, formando la Falkland Islands Garrison Company, que continuó expandiéndose con sucesivos envíos de personal desde la metrópoli.
Más protestas argentinas
Entre tanto la actividad diplomática continuaba intensamente. Se sucedieron otras dos protestas argentinas, el 18 de diciembre de 1841 y el 19 de febrero de 1842. En la respuesta a esta última, el gobierno de Su Majestad afirmaba que el acuerdo alcanzado con España en 1771 era de carácter "final", lo que impedía reconocer la potestad de las Provincias Unidas sobre las islas. El ministro Moreno respondió inmediata y enérgicamente:
El que suscribe (...) se ve en la obligación de declarar, para evitar que el silencio de las Provincias Unidas no sea interpretado como un consentimiento tácito, que las Provincias Unidas no pueden aceptar y nunca aceptarán, la resolución del Gobierno de su Majestad Británica del 5 del corriente, dado que considera injusta y contraria a sus derechos evidentes (...)
EL 23 de junio de 1843, diez años después de su invasión, las islas fueron incorporadas a los dominios del rey de Inglaterra a través de documentos firmados por la Reina Victoria, trasladando la capital desde Puerto Egmont a Puerto Stanley. En 1847 fue designado el primer gobernador del archipiélago, George Rennie.
El 25 de julio de 1848, durante un debate parlamentario en el que se trataban recortes al presupuesto, William Molesworth fue el primer británico en oponerse públicamente a la postura gubernamental, sosteniendo que debía reconocerse "el reclamo de Buenos Aires sobre las islas Falkland", lo que permitiría reducir los elevados gastos que insumía la estación militar malvinense. Molesworth compartía el criterio casi unánime de que las islas carecían de valor y perspectivas económicas. En aquellos días los periódicos ingleses fustigaban la figura del representante argentino y propiciaban una postura adversa a las Provincias Unidas, a las que se consideraba un estado "rebelde y de segunda categoría".
El diario The Times, por ejemplo, comentó:
No sabemos qué admirar más, si la insolencia del sudamericano o la resignación del ministro de la Reina que no lo lanzó a puntapiés escaleras abajo.
Estos mismos periódicos londinenses reprodujeron en forma confusa y contradictoria un mensaje de lord Palmerston al parlamento, en el que insinuaba que la Argentina había decidido abandonar su reclamo. Esto produjo una inmediata réplica de Moreno, fechada el 31 de julio de 1849, en la que citaba los párrafos de los diarios y reiteraba que las Provincias Unidas nunca habían aceptado el despojo a manos británicas. Repetía también su propósito de no callar, para evitar que dicho silencio fuera malinterpretado como una confirmación de las erróneas expresiones del primer ministro. Lord Palmerston respondió que la prensa le había atribuido palabras que no eran suyas, y que por el contrario seguía sosteniendo que el asunto por la soberanía estaba pendiente de acuerdo.
Es un hecho sugestivo el que no exista registro de este discurso de Palmerston en las actas del parlamento. Algunos autores sospechan que las palabras del primer ministro fueron suprimidas debido a sus consecuencias legales, ya que de ellas se desprendía que, a criterio británico, en 1833 las Islas Malvinas eran res nullius y no posesión inglesa como se argumentaba en ese momento.
Luego de la batalla de Caseros las Provincias Unidas se abocaron a la construcción del estado argentino moderno. El tema de Malvinas comenzó a desaparecer progresivamente de la agenda de ambos países, y no resurgiría con fuerza sino hasta treinta años más tarde.
Desarrollo económico
Luego de 1845 Puerto Stanley se benefició singularmente con la fiebre del oro de California: en 1847, por ejemplo, 777 barcos fondearon en sus instalaciones. Esta actividad produjo un boom en los negocios de reparación y aprovisionamiento de buques. La navegación del Cabo de Hornos era singularmente difícil, y muchos barcos debían emprender la vuelta severamente dañados tras inútiles intentos por pasar al Pacífico; varios resultaban semidestruidos, por lo que las Islas Malvinas pasaron a ser uno de los cementerios de barcos más notables del mundo. El negocio de reparación de buques comenzó a declinar en 1876, con la sanción de una nueva legislación naviera internacional, con la adopción progresiva del buque de vapor y el casco de hierro, y desapareció finalmente con la construcción del Canal de Panamá en 1914.
En enero de 1846 se celebró un contrato entre el gobierno de Su Majestad y Samuel Fisher Lafone, un comerciante británico que operaba desde Montevideo, en el que se le asignaban derechos exclusivos de caza sobre el ganado de las islas. Este contrato significó un duro golpe para la población de las islas, pues el villorio de Stanley se vio imposibilitado de continuar abasteciéndose por sus propios medios, y pasó a depender de terceros.
Lafone fue el primer terrateniente in absentia del archipiélago, pues nunca visitó las islas. Se le otorgaron unas extensiones de tierra en la isla Soledad, donde vivía la mayor parte del ganado salvaje. Esta zona de la isla pasó a ser llamada "Lafonia". Sus tareas nunca fueron auditadas por las autoridades inglesas: había prometido introducir colonos de ascendencia británica, pero en cambio envió grandes contingentes de gauchos e indios, que se establecieron en 1846 en Hope Place, en la costa meridional de Brenton Loch, y en 1849 finalizaron la construcción de una barricada en el istmo de Darwin para facilitar el control de los animales.
El gobernador Moody implementó en 1947 un esquema de fomento agroganadero en el que los colonos, a cambio del pago de una tarifa anual, obtenían derechos de pastoreo en lotes costeros de 0,5 a 1,3 km², y en lotes internos de 1,3 a 2,6 km². Dos años después Rennie, sucesor de Moody, extendió este plan para ampliar esos derechos a los 24 km² circundantes a quienes compraran no menos de 0,65 km² de tierra.
En 1850 Lafone fundó una compañía llamada 'The Falkland Islands Company Limited' con el propósito de instalar y explotar granjas, pues el ganado de Lafonia había sido cazado hasta la extinción. En 1857 la compañía se mudó desde Hope Place a Darwin, en busca de terrenos más adecuados para sus actividad. En 1860 el gobierno local modificó el contrato original de Lafone, reservándose la potestad de caza en todo el territorio de las islas con excepción de los lotes que pertenecían a la compañía.
Incidente con Estados Unidos
En 1853, el gobernador del archipiélago se quejó a sus superiores por la continua depredación cometida por los barcos balleneros y foqueros -especialmente estadounidenses- en las inmediaciones de las islas. El gobierno inglés advirtió al norteamericano que no toleraría un comportamiento semejante, y envió fuerzas navales a las islas para asegurar un control efectivo. En mayo de 1854, en un confuso episodio, el buque de guerra británico HMS Express capturó a dos balleneros, acusándolos de la matanza de cerdos y focas de los criaderos del gobierno de las islas.
El comandante estadounidense William F. Lynch, al mando de la corbeta USS Germantown, que se hallaba fondeada en Puerto Stanley, presionó para que se liberara a los buques y tripulaciones apresadas, amenazando con oponer lucha armada. Según una versión de los hechos, Lynch argumentó que los ingleses no tenían derecho a fiscalizar las aguas malvinenses pues preexistía un reclamo argentino.
Las autoridades británicas accedieron a negociar, aunque de todas formas los capitanes de los balleneros acusados fueron juzgados y multados por su accionar. Los Estados Unidos protestaron en favor de su derecho "adquirido" a pescar en aquellas aguas. En el texto del reclamo, William L. Marcy, entonces secretario de Estado norteamericano, dudó públicamente de la legalidad de la soberanía inglesa al afirmar que su país no había "concedido" derechos a Gran Bretaña. La respuesta británica afirmaba que sus derechos no eran discutibles, y que se atribuía el garantizarlos mediante uso de la fuerza.
El conflicto fue finalmente resuelto por la vía diplomática.
Continúa el crecimiento económico
En 1861 se emitió un acta de ampliación del alcance del plan de fomento agroganadero, que otorgaba a los colonos la habilitación para tareas de pastoreo durante un año en un lote indiviso de 24 km², con la condición de que construyeran viviendas y proveyeran un cierto número de cabezas de ganado. El terreno podía ser arrendado durante un plazo renovable de diez años. Esta legislación tuvo un profundo impacto en el modelado de la principal actividad económica de las islas hasta nuestros días.
La colonización de la Isla Gran Malvina comenzó en 1867, y ya para 1869 la totalidad de su territorio había sido otorgado a ocho colonos, que arribaron con su ganado, caballos, herramientas, materiales de construcción, etc. Los gauchos rioplatenses fueron reemplazados por escoceses.
Nuevos reclamos argentinos
Para 1884 ya habían pasado 35 años desde la última protesta argentina formal, y el tema de la soberanía sólo había asumido un papel secundario en el ámbito bilateral.
La presidencia de Julio A. Roca vigorizó el accionar diplomático, buscando dirimir la cuestión por intermedio de un arbitraje. El ministro de relaciones exteriores, Francisco J. Ortiz informó el 30 de mayo al representante de la corona en Buenos Aires que su gobierno intentaba recurrir a un laudo internacional para zanjar el asunto, mecanismo que Gran Bretaña había fomentado asiduamente en el pasado reciente y que, según esperaban las autoridades argentinas, no dudaría en aplicar en este caso. El gobierno del Reino Unido respondió con una rotunda negativa.
El 15 de diciembre de 1884 el Instituto Geográfico Militar publicó un mapa de la República Argentina que incluía a las Malvinas, lo que provocó preocupación en la embajada del Reino Unido en Buenos Aires. Ante la firme inquisitoria del cónsul Edmund Monson sobre la oficialidad del mapa, la cancillería argentina respondió con evasivas y declaraciones de amistad, lo que fue sumariamente contestado por Monson con una protesta formal, efectivizada el 31 de diciembre.
La invitación a un arbitraje fue repetida al año siguiente, adjuntando una protesta formal en el mismo trámite. Durante los tres años siguientes le sucedió un intenso intercambio de correspondencia diplomática, en el que invariablemente Gran Bretaña se limitaba a calificar el asunto como "cerrado", a lo cual Argentina respondía reiterando los argumentos jurídicos expuestos.
Ya durante la presidencia de Miguel Juárez Celman, el ministro de relaciones exteriores Norberto Quirno Costa presentó una nueva carta de protesta al enviado inglés en la que repetía la posición argentina:
(...) hoy, como antes, el gobierno argentino mantiene su protesta respecto a la ilegítima ocupación de las Islas Malvinas, que no abandona ni abandonará jamás sus derechos a esos territorios y que en todo tiempo, hasta que le sea hecho justicia, los considerará parte integrante, en la prioridad del descubrimiento, de la ocupación, de la posesión iniciada y ejercida en el reconocimiento tácito y explícito y en la adquisición por tratado de estos últimos que pertenecían a la España.
El representante británico, respondió diciendo que los derechos de la corona no eran discutibles. El intercambio epistolar continuó durante el mes de abril, en el que Argentina calificaba el accionar británico como "despojo" e insistía con su propuesta de arbitraje, pese a lo cual no consiguió ninguna respuesta favorable.
Muchos años después, en 1936, el asesor legal del Foreign Office, G. H. Fitzmaurice, dejó plasmados en un memorándum los motivos de esta tenaz oposición a la idea de un laudo arbitral:
(...) pero como último recurso el único medio (...) sería ir a arbitraje y obtener una decisión [de] que su reclamo es malo ante la ley. Pero a decir verdad no estamos particularmente ansiosos por ir a arbitraje. Nuestro caso tiene ciertas flaquezas.
Desde 1888 y hasta al menos 1913, la publicación de mapas oficiales argentinos que incluían a las islas Malvinas como parte del territorio nacional siguió inquietando a las autoridades británicas, pese a lo cual no hubo ninguna reacción oficial al respecto. Durante todo este período el tema de la soberanía volvió a pasar al segundo plano de la agenda bilateral.
Acciones expansionistas
El 21 de julio de 1908 la corona británica emitió una Carta Patente Real que formalmente anexaba las islas Georgias, las Orcadas, las Shetland, las Sandwich y la Tierra de Graham a la colonia de las islas Malvinas.
El documento oficial incluía entre las posesiones de la corona a parte de la Patagonia (la totalidad de Tierra del Fuego, parte de la provincia argentina de Santa Cruz y de la región chilena de Magallanes).
El gobierno de Inglaterra nunca intentó explicar este grueso error, que no fue enmendado en los papeles sino hasta nueve años después, el 28 de marzo de 1917, por una nueva Carta Patente Real que rectificó a la anterior. La mayoría de los estudiosos ve en ello un solapado intento de expandir aún más las fronteras del imperio a costa de las naciones sudamericanas.
Sorpresivamente, no hubo respuesta de los gobiernos argentino ni chileno ante este manifiesto atropello. Por ejemplo, el canciller (y futuro presidente de la Argentina) Victorino de la Plaza supuestamente se limitó a requerir a los ingleses información del nuevo trazado y sólo respondió un acuse de recibo. Esta afirmación ha sido relativizada: no existe copia del documento en los archivos argentinos; los británicos sostienen que conservan la suya, aunque no ha sido hecha pública hasta el presente.
Varios investigadores coinciden en resaltar la complacencia de las autoridades argentinas ante los avances británicos de este período no sólo sobre los archipiélagos, sino sobre territorios continentales sobre los que Argentina ejercía plena y ordenada soberanía.
En 1908 el embajador italiano en Buenos Aires informó a la cancillería que la Convención Postal de Roma había incluido a las Malvinas entre las colonias británicas, lo que provocó una airada protesta argentina, que fue cursada hacia el gobierno de Italia. Debido a que el canciller Victorino de la Plaza no extendió dicho reclamo a Gran Bretaña, los ingleses desconocen la actuación de 1908, y argumentan que durante 40 años (entre 1888 y 1928) Argentina no elevó protestas formales por la situación del archipiélago.
Giro en la argumentación británica
En 1910 la Argentina cumplió cien años de vida, en un contexto de gran prosperidad económica. El país obtenía influencia creciente en los organismos internacionales, en donde era visto con respeto debido a su éxito político y financiero. El continuo aumento del protagonismo argentino en dichos foros repercutía directamente en la fuerza de sus argumentos jurídicos e históricos respecto al tema de Malvinas, y en una capacidad mayor para ejercer presión a fin de lograr la satisfacción de sus reclamos. Esto comenzó a gestar una incomodidad manifiesta en vastos sectores de la política anglosajona, que empezaron a expresar dudas acerca de la validez de las pretensiones británicas al archipiélago. Se temía que la invasión de 1833, ante los ojos del nuevo siglo que comenzaba, pudiera ser vista como injustificada y que los títulos derivados de la conquista militar no fueran ya valederos. Se percibía entonces la necesidad de un cambio de estrategia que diera un nuevo soporte a la aspiración territorial. Así, se buscó refugio en la tesis de que luego de casi cien años ininterrumpidos, el dominio de las islas se habría transformado desde una naturaleza de facto a una de jure; en otras palabras, se hechó mano al concepto de "prescripción adquisitiva".
Desde 1910 hasta 1936 fueron emitidos por el Foreign Office nueve documentos de circulación reservada que sostenían la debilidad de los derechos británicos.
Finalmente, a fines de agosto de 1936, el embajador británico en Buenos Aires recibió un documento confidencial en el que Anthony Eden, ministro de relaciones exteriores de Gran Bretaña enunciaba los nuevos argumentos a esgrimir:
• Al abandonar España las islas en 1811, éstas quedaron vacías.
• Las islas eran res nullius en 1833; si esto no era verdadero, entonces
• Gran Bretaña había adquirido el título por prescripción, dada su ocupación centenaria del archipiélago.
• Argentina no tenía poder militar suficiente como para hacer valer sus reclamos.
En última instancia, pues, el desequilibrio en la relación de fuerzas a favor del Reino Unido constituía el anclaje de una política colonial cuya legalidad estaba en duda.
Primera Guerra Mundial
Las islas jugaron un papel relativamente importante durante la Primera Guerra Mundial, gracias al establecimiento de una guarnición en las proximidades de Puerto Stanley, que fue visitada regularmente por naves de guerra de las Potencias Centrales. El 8 de diciembre de 1914 se libró una batalla marítima en las costas occidentales del archipiélago, en la cual una flotilla británica muy superior en número y armamento, al mando del almirante Doveton Sturdee y originalmente atracada en Puerto Stanley, derrotó a una escuadra alemana comandada por el almirante Maximilian von Spee, logrando una decisiva victoria que tuvo como efecto la eliminación del poder naval germano en el hemisferio sur. Este episodio pasó a la historia como la Batalla de las Islas Malvinas.
Las consecuencias del enfrentamiento evidenciaron el gran valor estratégico de las islas para el control de la ruta entre al Atlántico y el Pacífico a través del extremo sur del continente.
Problemas con sellos postales
El gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear decidió, a partir de 1922, rechazar la correspondencia postal, telefónica y telegráfica desde y hacia Malvinas con el fin de añadir presión concreta al reclamo diplomático. El gobierno de las islas intentó paliar la acción argentina mediante la contratación de vapores montevideanos, y la protesta británica no tardó en llegar. Buenos Aires respondió alegando que la medida no era oficial, sino que se trataba de iniciativas de funcionarios individuales. En todo caso, para marzo de 1928 las comunicaciones con las islas estaban plenamente restablecidas, hecha la aclaración que la reanudación del servicio de ninguna manera implicaba una renuncia a los derechos argentinos.
A cambio, Alvear reanudó su reclamo ante la Unión Postal Universal, confirmando su reclamo sobre las Islas Malvinas, las Orcadas del Sur y las Georgias del Sur como parte integral del territorio de la República:
(...) cumple a esta Cancillería manifestar que, si bien es exacto que desde 1833 esas islas han estado bajo ocupación británica, no lo es menos que desde esa fecha y en diversas oportunidades el Gobierno Argentino ha protestado por dicha ocupación y por el acto originario que la determinó.
En 1933 el correo británico emitió una serie de estampillas conmemorativas de la invasión de un siglo antes. El gobierno argentino reaccionó con dureza, e instruyó a los funcionarios del Correo Argentino para que consideraran a toda correspondencia que arribara al país con las citadas estampillas como "carente de franqueo", por lo que su destinatario pagaría, en consecuencia, la multa establecida por la ley ordinaria.
Ante esta reacción, el gobierno de Su Majestad se limitó a a hacer una presentación ante la Unión Postal Universal, en la que sostenía que el gobierno argentino violaba las convenciones de la organización, puesto que las islas se hallaban bajo administración británica. No hubo ninguna otra reacción pública, aunque en privado el Foreign Office recriminó a la administración colonial por su imprudente proceder, exigiendo ser informado antes de cualquier otro accionar concerniente al servicio postal de las Malvinas.
En 1936 el Correo Argentino emitió sellos postales que mostraban a las Islas Malvinas como pertenencia nacional. El Foreign Office optó por una protesta informal y privada, en ocasión de una entrevista casual del subsecretario de Estado argentino y el embajador británico en Buenos Aires.
Sin embargo el asunto tomó estado público en la Cámara de los Comunes, cuando en medio de un debate el parlamentario lord Apsley inquirió al subsecretario de Asuntos Extranjeros, Anthony Eden, sobre la situación.
La respuesta de Eden fue:
El gobierno de Su Majestad no puede admitir tal reclamo a las Islas, que son territorio británico (...) pero se ha instruido al embajador de Su Majestad en Buenos Aires que llame una vez más la atención del gobierno argentino al hecho de que nada provechoso se puede conseguir con acciones tales como la emisión de la estampilla en cuestión, que sólo puede ser perjudicial para las buenas relaciones entre los dos países.
Esto provocó una réplica del gobierno argentino, encabezado por Agustín P. Justo, que en una nota del 22 de abril de 1936 informó que no tenía intenciones de retirar de circulación las estampillas, pues este gesto podría ser malinterpretado como un renunciamiento. En efecto, al año siguiente se realizó una nueva edición de los controvertidos sellos. A pesar de que algunos sectores de la política interna inglesa pretendían una reacción más fuerte de su gobierno, primó el criterio del Foreign Office de evitar darle mayor atención al tema, por precaución ante una eventual reacción argentina. Inglaterra no volvería a imprimir estampillas con la temática malvinense sino hasta 1977.
Marcha de las Malvinas
Muchos supimos de la existencia de la Marcha de Malvinas a partir de 1982 y asociamos esa fecha con su creación, sin embargo la historia de la Marcha es otra.
Un grupo de patriotas que constituyeron en 1939 la Junta de recuperación de las Malvinas, de la que fueron presidentes los doctores Antonio Gómez Langenheim y Alfredo L. Palacios, lanzaron la iniciativa de realizar un concurso para seleccionar la mejor composición poética y musical que sirviera como Marcha de las Malvinas. Fue así como se adoptaron los versos del poeta Carlos Obligado con la música del compositor José Tieri.
En 1941 Malvinas se incorpora como tema obligatorio a la reforma de los planes de estudio escolares.
Marcha de las Malvinas
Tras su manto de neblinas,
no las hemos de olvidar.
"¡Las Malvinas, Argentinas!",
clama el viento y ruge el mar.
Ni de aquellos horizontes
nuestra enseña han de arrancar,
pues su blanco está en los montes
y en su azul se tiñe el mar.
¡Por ausente, por vencido
bajo extraño pabellón,
ningún suelo más querido;
de la patria en la extensión!
¿Quién nos habla aquí de olvido,
de renuncia, de perdón?...
¡Ningún suelo más querido,
de la patria en la extensión.
¡Rompa el manto de neblinas,
como un sol, nuestro ideal:
"Las Malvinas, Argentinas
en dominio ya inmortal"!
Y ante el sol de nuestro emblema,
pura, nítida y triunfal,
brille ¡oh Patria!, en tu diadema
la perdida perla austral.
Coro
¡Para honor de nuestro emblema
para orgullo nacional,
brille ¡oh Patria!, en tu diadema
la pérdida perla austral.
Segunda Guerra Mundial
El inicio de la Segunda Guerra Mundial produjo una mayor flexibilización de la hasta entonces adamantina postura británica. El gobierno argentino intentó aprovechar esta coyuntura en las asambleas internacionales, en las que denunció reiteradamente la ocupación anglosajona. Estados Unidos intentaba concertar una política hemisférica común, que Argentina vio como una oportunidad para encolumnar al bloque americano tras su postura reivindicativa; en la Primera Reunión de Consulta de cancilleres americanos emitió una proclama en la que afirmaba:
(...) dentro de las aguas adyacentes al continente americano, en la extensión territorial de costas correspondientes a la República Argentina en la zona que delimita como libre de todo acto hostil no reconoce la existencia de colonias o posesiones de países europeos [y agrega] que especialmente reserva y mantiene intactos los legítimos títulos y derechos de la República Argentina a islas como las Malvinas, como así a cualquier otras tierras argentinas que resultaren ubicadas dentro o mas allá de la línea.
En la Segunda Reunión, en junio de 1940, Argentina reiteró su exigencia. En ese año el Foreign Office redactó un documento titulado "Proposed offer by His Majesty's Government to reunite Falkland Islands with Argentina and acceptance of lease", en el que planteaba la posibilidad de llegar a un acuerdo de dominio compartido. Lamentablemente los detalles permanecen en la oscuridad.
Durante la semana siguiente al 13 de diciembre de 1939 las islas tuvieron un pequeño rol en la guerra cuando una escuadra de tres cruceros británicos comandada por el comodoro Henry Hardwood enfrentó al acorazado de bolsillo alemán Admiral Graf von Spee a cargo del almirante Hans Langsdorff, en la que después sería llamada Batalla del Río de la Plata. El único refuerzo británico en el sector, el HMS Cumberland, que se encontraba aprovisionándose en las islas, debió partir a toda marcha en un viaje de día y medio de duración a fin de unirse a las fuerzas de ataque. A las pocas horas de lucha el crucero pesado HMS Exeter, tremendamente dañado, debió dirigirse a las Malvinas para ser reparado de emergencia.
Después de finalizada la guerra, la preponderancia de Gran Bretaña como potencia central menguó notablemente, lo que derivó en una lenta escalada de la conflictividad por el tema de la soberanía, a medida que los lazos económicos entre ambos países se iban debilitando y crecía la independencia mutua.
Ya con Juan Domingo Perón como presidente, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó por unanimidad el 5 de julio de 1946 un proyecto para someter la discusión por el conflicto de soberanía al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta acción trasladó definitivamente el eje del debate desde una agenda exclusivamente binacional al ambiente colegiado de la comunidad de naciones.
Naciones Unidas: primera etapa
El Reino Unido diseñó la bandera británica de las Islas Malvinas en 1948, siguiendo la enseña azul tradicionalmente aplicada a sus símbolos coloniales.
Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, la preponderancia de Gran Bretaña como potencia central menguó notablemente, lo que derivó en una lenta escalada de la conflictividad por el tema de la soberanía, a medida que los lazos económicos entre ambos países se iban debilitando y crecía la independencia mutua.
A partir de la creación de la ONU y hasta 1965 los esfuerzos diplomáticos argentinos estuvieron centrados en el ámbito de esta institución internacional, aunque en el medio exclusivamente uni y bilateral sucedieron algunos hechos de importancia:
- En 1948 el gobierno argentino creó un departamento dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina, especializado en la gestión diplomática de la soberanía del archipiélago.
- Ese año Gran Bretaña inscribió en la ONU a las Malvinas como un "territorio no autogobernado".
- A finales de 1950 el Congreso Nacional Argentino declaró formalmente a las Islas Malvinas como "posesión argentina".
- El 21 de diciembre de 1950, una Ordenanza Real extendió los límites de la soberanía británica sobre el archipiélago, para incluir la plataforma submarina, el fondo marino y el subsuelo contiguo a las islas, llevando el área a unos 85.000 km².
- El 4 de mayo de 1955, el Ministro de Relaciones Exteriores entregó al embajador británico en Buenos Aires la contestación a la propuesta británica del 21 de diciembre de 1954, para someter la cuestión a un tribunal de arbitraje, externo a la ONU. En dicha contestación, al ocuparse del valor legal de las famosas Cartas Patentes de 1908 y 1917, esgrimidas con monótoma insistencia por Gran Bretaña, juzgándolas a título de instrumento probatorio de soberanía, como:
Las islas Malvinas, así como las tierras que se encuentran en nuestro sector antártico son argentinas, al igual que las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur.
Incidentes en territorios dependientes
Con Juan Domingo Perón como Presidente de la República Argentina, a fines de 1947 una escuadra de la Armada Argentina inició maniobras en las aguas próximas a Malvinas, que incluyeron desembarcos de personal y equipamiento en varias islas del Atlántico Sur.
El Reino Unido contaba en las cercanías con la fragata HMS Snipe, a la cual se agregó como respaldo el crucero HMS Nigeria. Luego de algunas fricciones menores, las fuerzas argentinas se retiraron. El gobierno inglés decidió mantener en el área a los navíos mencionados, los cuales fueron desafectados dos años después.
En 1952 la Argentina anunció sus planes para la ocupación efectiva de los territorios que reclamaba como propios, lo que devino en una serie de incidentes menores en Bahía Esperanza, en la Antártida. La respuesta británica fue destacar en la zona al crucero HMS Superb y otorgar al comandante de operaciones una autorización para emplear la fuerza.
Al año siguiente se produjo un desembarco argentino en la Isla Decepción, perteneciente a las Shetland del Sur. Los británicos enviaron nuevamente al HMS Snipe para forzar la retirada argentina.
Para fines de 1953 la tensión en la zona de Bahía Esperanza había ya desaparecido, pero poco después el punto de conflicto se trasladó a la isla Dundee, donde la debilidad de la capacidad británica de respuesta se hizo evidente. Las maniobras por parte de ambos países se limitaron sin embargo a acciones meramente simbólicas.
En ese mismo año Perón envió a la ceremonia de coronación de la reina Isabel II al presidente provisional del senado, el contraalmirante Alberto Tesaire, con el fin de ofrecer al gobierno britanico que el archipiélago pasara a manos argentinas a través de una operación privada de transferencia de fondos. El Foreign Office declinó la propuesta, pues temía que una eventual reacción de la oposición debilitara al primer ministro Winston Churchill.
La Proeza de Miguel Fitzgerald
El piloto Miguel Fitzgerald era hijo de padres irlandeses, nació el 8 de septiembre de 1926, fue el primer argentino en volar a nuestras Islas Malvinas y plantar la Bandera Argentina el 8 de septiembre de 1964. lo hizo solo piloteando un avión monomotor Cessna 185 (260HP).
En sus narraciones de este hecho histórico, dice que fue solo una ocurrencia que tuvo, sin darle demasiada importancia, hizo algo que creía que debía hacerse, que solo lo llevó a cumplir un sueño que tuvo.
Era un avezado piloto, en el año 1962 había realizado otra hazaña, fue un vuelo de Nueva York a Buenos Aires sin escalas con un monomotor Cessna 210 (260HP).
Trabajó en Aerolíneas Argentinas, hizo fotografía aérea, taxi aéreo, remolque de carteles y aclara que no hizo fumigación ni contrabando, pero hizo de todo.
Ese año, 1964, Malvinas estaba en la agenda de la Naciones Unidas, no por iniciativa del gobierno argentino, sino por decisión de la Asamblea, se estaba por tratar el tema de las colonias en América y en los hangares del país, en las charlas entre pilotos, aparecía y reaparecía el sueño de cruzar a Malvinas y plantar nuestra Bandera Argentina.
Fitzgerald decidió que lo haría y a través de un amigo suyo que trabajaba en el diario La Razón averiguó si les interesaba la cobertura periodística y a él a su vez le interesaba la difusión, para protegerse, porque podía ser sancionado por la Fuerza Aérea con una suspensión severa.
Al editor del diario, no le interesó la propuesta y como acababa de salir el diario Crónica, su joven director se entusiasmó con la misma.
Le ofreció el avión, el combustible, los gastos, si viajaba con él un fotógrafo del diario, pero ese viaje Fitzgerald lo quería solo para él, solamente requería un Avión Cessna 182 similar al que utilizó y que le hicieran, para cubrirse, una nota cuando volviera.
Esto no prosperó y el Cessna se lo prestó finalmente el señor Siro Alberto Comi, Presidente del Aeroclub de Monte Grande, que era representante de esa marca de aviones.
Fue redactada la proclama que reivindicaba a las islas como argentinas y Fitzgerald partió al sur, rumbo a Río Gallegos, a cumplir con su hazaña personal.
Era el 8 de septiembre de 1964 y ese mismo día él cumplía 38 años de edad, cumplió esta proeza, con un pequeño avión Cessna 185, motor de 260 HP, matrícula civil LV-HUA, al que él bautizo "Luis Vernet".
Decía que cuando uno está volando y está haciendo algo arriesgado, no piensa en nada más que en eso, está concentrado en lo que está haciendo, manifestaba que para el era así, porque es muy cerebral, como si haber hecho lo que él hizo no exigiera al menos un impulso fenomenal.
La pista de despegue fue la del Aeroclub de Río Gallegos, que no tenía torre de control monitoreada por la Fuerza Aérea.
Voló mar adentro y a las tres horas y quince minutos estuvo en contacto visual con el archipiélago de Malvinas.
Desde arriba veía un rectángulo como de cientos de islas e islotes, pero cuando sobrevoló el archipiélago, una capa muy densa de nubes le impide ver y no podía descender entre las mismas, porque en alguna parte se sabía que había un cerro de seiscientos metros de altura, entonces esperó un claro y cuando lo vio inició el descenso hacia debajo de la capa de nubes e identificó Puerto Argentino (Puerto Stanley), visualizando la pista de cuadreras, donde aterrizó normalmente.
Se bajó del avión y colgó la Bandera Argentina en el enrejado de la cancha; se le acercó un hombre de los que se habían juntado a ver el aterrizaje, quien le pregunto si necesitaba combustible; porque no se le había ocurrido que era argentino.
Entonces le da la proclama escrita en español y le dijo: "Tome, entréguele esto a su gobernador"; se subió al avión y despegó normalmente volviendo a Río Gallegos, todo esto llevó unos quince minutos."
Cuando llegó a Río Gallegos el señor Héctor Ricardo García, el director de Crónica, empezó a jugar su papel, Crónica tenía la primicia.
El título en letra catástrofe fue: "Malvinas: hoy fueron ocupadas" y ese día, 8 de septiembre de 1964, no se habló de otra cosa y La Razón registró uno de los días de más bajas ventas de su historia, su competidor llamó la atención e inauguró un estilo periodístico.
Al volver a Buenos Aires, en el Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires, lo esperaban del Movimiento Nacionalista Tacuara, quienes lo subieron a un jeep y lo llevaron a dar vueltas por la ciudad, como a un héroe.
Ese recibimiento y el festejo popular hicieron que la Fuerza Aérea no suspenda la matrícula de piloto y se le aplicó solamente un apercibido.
Miguel Fitzgerald no estuvo en la tapa de los diarios y es de extrañar que un hombre que hizo lo que hizo, ni por un momento se lamentó de no tener una foto que hubiese registrado la hazaña.
Esto provocó un airado reclamo del Reino Unido en la ONU, que fue rechazado tajantemente por el gobierno argentino que alegó no estar involucrado en el hecho. Como consecuencia, Londres decidió destacar en las Islas un contingente permanente de Royal Marines.
Miguel Fitzgerald falleció en Buenos Aires el 25 de noviembre de 2010.-
El Operativo Cóndor
El Operativo Cóndor fue una acción armada llevada a cabo en 1966 por un grupo de argentinos que secuestró un avión civil de Aerolíneas Argentinas y obligó a su comandante a aterrizar en las Islas Malvinas, ocupadas por Gran Bretaña pero reclamadas históricamente por Argentina.
Inicio
Alrededor de las seis de la mañana del miércoles 28 de septiembre de 1966, un comando armado de 18 estudiantes, obreros, sindicalistas y periodistas, en su mayoría militantes de partidos nacionalistas, entre los que había una mujer, tomaron el control del vuelo 648 de Aerolíneas Argentinas que había despegado del aeroparque Jorge Newberry y tenía por destino a Río Gallegos y Ushuaia, y lo desvió, aterrizando en las Islas Malvinas unas horas más tarde.
El comandante de la aeronave era Ernesto Fernández García, y entre los pasajeros figuraba el gobernador del por entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego, contraalmirante José María Guzmán.
El "Operativo Cóndor", como fue bautizada la acción armada, fue comandado por Dardo Cabo alias "Lito", de 25 años de edad, periodista, metalúrgico y activo militante nacionalista. Hijo del sindicalista Armando Cabo. Con él actuaron:
- Alejandro Giovenco Romero, apodado "El Chicato", de 21 años;
- María Cristina Verrier, dramaturga y periodista de 27 años, hija de César Verrier, juez de la Suprema Corte de Justicia y funcionario del ex-presidente Arturo Frondizi.
- Fernando Aguirre, empleado de 20 años;
- Norberto Karasiewicz, obrero matalúrgico de 20 años;
- Andrés Castillo, empleado de la Caja de Ahorro, de 23 años;
- Luis Caprara, estudiante de 20 años;
- Victor Chazarreta, obrero metalúrgico de 32 años;
- Ricardo Ahe, empleado de 20 años;
- Juan Bovo, obrero metalúrgico de 21 años;
- Edelmiro Jesús Ramón Navarro, empleado de 27 años;
- Ramón Sánchez, obrero de 20 años;
- Pedro Tursi, empleado de 29 años;
- Juan Carlos Rodriguez, empleado de 31 años;
- Pedro Bernardini, obrero metalúrgico de 28 años;
- Fernando Lisardo, empleado de 20 años;
- Edgardo Salcedo, estudiante de 24 años;
- Aldo Ramirez, estudiante de 18 años de edad;
Los jóvenes se llamaban a sí mismos "cóndores"; todos eran peronistas. La edad promedio del grupo era de 22 años.
También los acompañaba Héctor Ricardo García, el director del matutino porteño Crónica.
Aproximadamente a las seis de la mañana, cuando el avión sobrevolaba la ciudad de Santa Cruz, los integrantes del grupo tomaron las armas que llevaban ocultas en el equipaje y consiguieron el control del avión: Cabo y Giovenco Romero se dirigieron a la cabina, entraron y ordenaron al comandante del Douglas DC-4, Ernesto Fernández García, que cambiara el derrotero. «Ponga rumbo uno-cero-cinco», dijo Cabo.
El piloto, con 35 pasajeros a bordo, alegó falta de combustible y desconocimiento de la ruta de navegación correspondiente, pero finalmente obedeció las órdenes poniendo rumbo a las Malvinas. Para no atemorizar a los pasajeros, se les informó que la aeronave regresaba a Comodoro Rivadavia.
Aterrizaje
El piloto logró encontrar la ubicación de las islas gracias a las diferencias en el patrón de la cobertura nubosa que frecuentemente las cubre. Entre algunos claros divisaron tierra firme y tras algunas rondas de reconocimiento que les permitieron localizar la ciudad de Puerto Stanley (llamado así por los ingleses), aterrizaron a las 8:42 en la pista de 800 m de largo del hipódromo, evitando los obstáculos que presentaba (el poblado carecía entonces de pista de aterrizaje). El pesado avión quedó varado en el barro, modificando dramáticamente los planes del grupo, que pretendía originalmente tomar la residencia del gobernador británico y ocupar el arsenal de la isla.
Los jóvenes descendieron, nombraron al lugar como "Puerto Rivero", en homenaje al gaucho entrerriano que se resistió a la invasión inglesa de 1833 al archipiélago, y desplegaron siete banderas argentinas en las inmediaciones: cinco en los alambrados, otra en el avión, y la restante en un mástil cercano.
Numerosos kelpers se acercaron a ver qué ocurría. Algunos fueron tomados como rehenes, entre ellos el jefe de policía. Entre los restantes el comando distribuyó una proclama escrita en inglés; el texto informaba que los jóvenes no eran agresores sino argentinos que consideraban a las islas como parte de su propio país.
Al poco tiempo el avión fue rodeado por las fuerzas de seguridad británicas asentadas en Malvinas, a las que se unió casi un centenar de colonos.
Los jóvenes realizaron un comunicado utilizando la radio del avión, cuyas palabras tuvieron amplia repercución en la Argentina.
Operación Cóndor cumplida. Pasajeros, tripulantes y equipo sin novedad. Posición Puerto Rivero, Islas Malvinas, autoridades inglesas nos consideran detenidas. Jefe de Policía e Infantería tomados como rehenes por nosotros hasta tanto gobernador ingles anule detención y reconozca que estamos en territorio argentino.
El radioaficionado Anthony Hardy reprodujo la noticia, y su señal fue captada en Trelew, Punta Arenas y Río Gallegos, retransmitiéndose a Buenos Aires.
Por pedido expreso del líder del comando argentino, el padre Rodolfo Roel (de origen holandés), sacerdote católico de la isla, ofició una misa en castellano en el interior del fuselaje, que finalizó con la entonación del Himno Nacional Argentino. Gracias a las gestiones del párroco los pasajeros fueron dejados en libertad y se les dio hospedaje en las casas de algunos de los kelpers vecinos.
A las 4:30 horas del día siguiente el gobernador inglés emitió un comunicado en el que exigía la rendición incondicional del grupo. Afirmaba que los soldados y policías tenían ordenes de disparar. El comando argentino se negó a entregarse. A las tres de la tarde hubo otra gestión con ese mismo propósito, esta vez a cargo del padre Roel, que también tuvo resultado negativo.
Rendición
Horas después se arribó a un pacto: los argentinos entregarían las armas al comandante de la aeronave Fernández García, única autoridad que reconocían, y serían acogidos por la Iglesia Católica, quedando a cargo del padre Roel. A su regreso al continente Cabo sintetizó así el mecanismo de su rendición:
Fui a Malvinas a reafirmar la soberanía nacional y quiero aclarar que en ningún momento me he entregado a las autoridades inglesas, sino que acepté el hospedaje de la Iglesia Católica ofrecido a través del arzobispo de las Islas Malvinas; que me consideré detenido por la autoridad argentina que allí reconocí en el comandante de Aerolíneas [Argentinas], entregándole al gobernador de Tierra del Fuego e Islas Malvinas, señor almirante Guzmán, las banderas argentinas que flamearon en tierra malvineña durante treinta y seis horas.
A las 17, los argentinos y el sacerdote salieron del fuselaje, y procedieron a arriar la bandera argentina, que se hallaba flameando desde la mañana anterior. Con el pabellón en brazos se entonó nuevamente el himno, rodeados de militares ingleses. Media hora más tarde entregaron las armas al comandante del Douglas DC-4, como había sido prometido.
Pasaron casi 48 horas en la capilla de Puerto Stanley.
A las 19:30 horas del 1º de octubre todos fueron llevados hasta el barco argentino Bahía Buen Suceso a bordo de una lancha carbonera inglesa. Cabo entregó las banderas argentinas al almirante José María Guzmán en una bolsa:
Señor Gobernador de nuestras Islas Malvinas, le entrego como máxima autoridad aquí de nuestra patria, estas siete banderas. Una de ellas flameó durante 36 horas en estas Islas y bajo su amparo se cantó por primera vez el Himno Nacional.
El lunes 3 de octubre a las 3 de la mañana, el Bahía Buen Suceso atracó en el puerto de Ushuaia.
Si bien éste como los de Fitzgerald fueron hechos aislados, fueron dejando siempre la impronta del sentimiento argentino de que éstas son unas islas que legítimamente nos perteneces desde todo punto de vista.
Consecuencias legales
El 22 de noviembre de 1966, los integrantes del grupo fueron procesados por el Juez Federal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Lima, por los delitos de «privación de la libertad personal calificada» y «tenencia de armas de guerra». El secuestro de aviones no estaba contemplado en la legislación de la época. Fueron patrocinados por el abogado de la Confederación General del Trabajo y la Unión Obrera Metalúrgica Fernando Torres, el fueguino José Salomón, y otros profesionales. El procesamiento se refirió a los hechos ocurridos al desviar la nave aérea y no a lo ocurrido en Malvinas, que la justicia entendió que no constituía delito. Fueron condenados el 26 de junio de 1967.
Segundo viaje de Miguel Fitzgerald
Dos años después, el 27 de noviembre de 1968, Miguel Fitzgerald realizó un segundo viaje a las islas desde Río Gallegos, esta vez al mando de un avión bimotor Grand Commander propiedad del diario Crónica, en el que también viajaban Héctor Ricardo García, director del citado matutino, y uno de sus periodistas, Juan Carlos Navas. Esta vez la pista del hipódromo había sido obstruida, por lo que se vio obligado a tomar tierra en una carretera (Eliza Cove Road), lo que produjo la rotura de una hélice.
Fueron detenidos minutos más tarde por un oficial británico, luego de lo cual fueron declarados «inmigrantes ilegales», por lo que pasaron 48 horas detenidos. Luego fueron subidos al HMS Endurante de la Royal Navy con destino a Río Gallegos, en el que también viajaba el canciller británico, de visita en las islas.
Naciones Unidas: debate y triunfo argentino
La comunidad internacional compartía en general la percepción de que la persistencia de relaciones coloniales en pleno siglo XX constituía una violación de derechos humanos básicos, entorpecía el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos dependientes, y era una amenaza para la seguridad internacional. Hacia fines de la década del 50 se formó en los organismos internacionales un claro consenso al respecto, que se expresó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se decidió impulsar un proceso global de descolonización. El 14 de diciembre de 1960 se aprobó allí por 89 votos a favor, ninguno en contra y 9 abstenciones —casi todas de países colonialistas— la resolución 1514 (XV) Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Este documento abrió las puertas a las negociaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido. En cuatro de sus puntos (2, 4, 6 y 7), el texto hacía referencia al nudo del problema: el respeto a la autodeterminación, a la unidad nacional y a la integridad territorial. Al año siguiente fue reafirmada por la resolución 1654 (XVI), que creaba el que tras la resolución 1810 fue llamado "Comité Especial de los Veinticuatro", encargado de efectuar el seguimiento del proceso descolonizador. En particular, el asunto de Malvinas recayó en la esfera del Subcomité III.
Inmediatamente la Argentina anunció su posición frente a la declaración: el principio de autodeterminación debía considerarse en justa relación a otros principios de mayor jerarquía, como el de la unidad territorial del Estado, por lo que no era aplicable a Malvinas, cuya población, británica en su origen, no es sino producto del desalojo violento de los legítimos residentes argentinos.
En 1964 el gobierno del presidente Arturo Umberto Illia se propuso conseguir a través de esta especial coyuntura que la presión de las Naciones Unidas obligara al Reino Unido a sentarse por vez primera a la mesa de negociaciones, anulando las pretensiones británicas de convalidar el statu quo mediante una interpretación parcial de la autodeterminación.
Al iniciarse la sesión en septiembre, las delegaciones de ambos países fueron autorizadas a participar del debate, aunque sin derecho a voto. La tesis argentina fue presentada por el consejero legal del ministerio de relaciones exteriores, José María Ruda; la británica, por Cecil King. El intercambio de argumentos fue encendido y la mayoría de los miembros se inclinó por la postura argentina; el apoyo de Latinoamérica, y de Uruguay y Venezuela en particular fue expreso y contundente.
El Subcomité III redactó un informe con las conclusiones del debate, que contrariaban punto por punto los anhelos del Reino Unido:
- Se aceptaba la existencia de una disputa por la soberanía de las islas
- La resolución 1514 era aplicable al territorio (y no a la población) de las Islas Malvinas.
- Se recomendaba al Comité Especial que invitara a ambas partes a entablar negociaciones que tendrían en cuenta los intereses (y no los deseos) de los habitantes de las islas.
El Subcomité III aprobó el informe por unanimidad y lo elevó al Comité Especial de los Veinticuatro. Allí se repitió la argumentación de la etapa previa: la estrategia argentina fue la de minimizar las discusiones para asegurarse el pasaje rápido a la siguiente etapa; el Reino Unido, por el contrario, intentó llevar la cuestión al plano bilateral para impedir que el tema siguiera tratándose en el marco de las Naciones Unidas.
Una vez más triunfó la diplomacia argentina y los miembros del cuerpo aprobaron también por unanimidad las conclusiones del informe recibido.
Siria presentó la propuesta accesoria de que la palabra "Malvinas" apareciese junto con "Falkland" en todos los documentos oficiales del organismo, lo cual fue aprobado por 19 votos a favor, el Reino Unido en contra y dos abstenciones. Luego se remitió el nuevo informe para su discusión en la IV Comisión de Asuntos Coloniales de la Asamblea General, donde fue agendado para ser tratado al año siguiente. En el interín, Estados Unidos ejerció presión para que las negociaciones salieran fuera de la órbita de la ONU.
Tras la aprobación del proyecto de resolución por 87 votos a favor y 13 abstenciones, el 16 de diciembre de 1965 la Asamblea General aprobó por 94 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones, la histórica resolución 2065 (XX), basada en el informe de la IV Comisión.
El texto invitaba formalmente a ambos gobiernos a mantener negociaciones sobre la soberanía siguiendo los puntos antedichos del informe del Subcomité II. Básicamente establece que las Islas Malvinas no pueden ser descolonizadas atendiendo el principio de autodeterminación, y pide a ambas partes que informen al Comité Especial de los Veinticuatro y a la Asamblea General del progreso en las conversaciones.
A partir de ahora el Reino Unido estaría obligado a negociar y a efectuarlo en los términos planteados por la tesis argentina; en palabras de Lanús:
(...) la resolución 2065 (XX) de las Naciones Unidas consagra el gran triunfo de la diplomacia del gobierno del presidente Arturo H. Illia.
Cerca de una solución
A partir de la aprobación de la resolución 2065 dio comienzo una nueva etapa en el diferendo, caracterizada por la reapertura de las negociaciones bilaterales. Además de la presión de las Naciones Unidas para dar término al anacronismo colonial, la continua declinación del Imperio Británico y una mengua acentuada en los recursos destinados a defensa exterior habían colocado a Malvinas como una carga molesta para la metrópoli.
El relanzamiento del tema en la agenda binacional tuvo como primer paso la firma de la notificación suscrita conjuntamente por el canciller argentino Miguel Ángel Zavala Ortiz y el secretario de Estado de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Michael Stewart, el 14 de enero de 1966, en la que el Reino Unido aceptaba la validez de la resolución 2065 y accedía a iniciar negociaciones conjuntas.
A mediados de 1966, luego del golpe militar de Onganía, el encargado de negocios de la embajada argentina en Londres, Carlos Ortiz de Rozas y sus acompañantes -el embajador había renunciado con la caída del gobierno de Illia- fueron informados extraoficialmente durante un almuerzo que las islas pasarían eventualmente a ser de soberanía argentina efectiva, y que sólo restaba encontrar el momento y las condiciones para efectuar el traspaso. Adicionalmente se recomendó a las autoridades argentinas el iniciar una política de seducción de los isleños, a fin de reducir la conflictividad del cambio por venir. Onganía nombró como embajador en Londres al brigadier Eduardo Mc Loughlin, que tuvo a su cargo las negociaciones de soberanía.
Durante los siguientes dos años se estableció una agenda de reuniones confidenciales en las que la Argentina intentó obtener de Gran Bretaña un compromiso explícito y formal de transferencia del territorio, negándose a una extemporánea propuesta inglesa de congelar las discusiones durante treinta años para luego dejar en los isleños la decisión del destino del archipiélago.
En marzo de 1967 Londres informó oficialmente a la diplomacia argentina que, bajo la condición de que se respetaran los deseos de los locales, el gobierno de Su Majestad estaba dispuesto a ceder la soberanía efectiva de las islas.
Ante la negativa argentina a considerar la posición de los kelpers entró en juego un grupo corporativo constituido por personas de influencia y financiado por la Falkland Islands Company: el Comité del Reino Unido y las Islas Falkland (también llamado el "Falklands Lobby") compuesto por isleños que se oponían a la transferencia. Mediante presión al nivel del Parlamento y una campaña de propaganda en medios de circulación masiva ejercieron una férrea resistencia al acuerdo.
Temiendo que el diálogo llevara a un punto de fait accompli, en febrero de 1968 el grupo de lobbistas presionó al Parlamento para que debatiera sobre el tema, mediante una carta abierta que en su párrafo inicial decía:
¿Sabe usted qué...?: Se están llevando a cabo negociaciones entre los gobiernos de Gran Bretaña y la Argentina para entregar en cualquier momento las islas Falkland a la Argentina. Tenga en cuenta que: los habitantes de las islas nunca fueron consultados sobre su futuro. Que ellos NO quieren ser argentinos. Los isleños son tan británicos como ustedes, la mayoría son de descendencia inglesa o escocesa de hasta sexta generación. Cinco de cada seis nacieron en las islas. Muchos ancianos no han estado en ningún otro lugar. No hay problemas raciales, no hay desempleo y no hay pobreza, y NO ESTAMOS EN DEUDA.
Lord Chalfont representó al Foreign Office en la consiguiente interpelación de marzo. En su monólogo admitió que los argentinos tenían derecho a mantener sus reclamos, que las conversaciones seguirían siendo de carácter confidencial en vista de lo delicado del asunto y que Londres se negaba a otorgarle la independencia a las islas debido a su reducida población, a su aislamiento geográfico y al hecho de que no eran autosuficientes. Comprometió la posibilidad de un acuerdo binacional a que los isleños aceptaran sus términos, aunque reservó para el gobierno la potestad última de convalidarlo.
En el acalorado debate que prosiguió no hubo consenso y Stewart se vio obligado a aclarar en varias oportunidades que no habría sesión de soberanía en contra de lo opinado por los isleños.
A pesar de ello el 28 de marzo Mc Loughlin y Chalfont llegaron a un acuerdo, al que titularon "Memorándum de Entendimiento": el gobierno de Su Majestad aprobaría la transferencia de la soberanía si previamente se garantizara la comunicación de las islas con el continente y se aseguraran los intereses de los locales. La nueva fórmula reemplazaba deseos por intereses, dando mayor espacio para facilitar el entendimiento mutuo a la vez que dejaba de lado la más restrictiva cuestión de la autodeterminación, lo que intentaba disminuir el margen de maniobra de los lobbistas malvinenses.
Ese mismo mes, durante las reuniones de la Asamblea General Ordinaria de las Naciones Unidas en Nueva York, los ministros Nicanor Costa Méndez y Michael Stewart concordaron en que no existían discrepancias significativas sobre el Memorándum; sólo restaba su firma.
Lord Chalfont visitó las islas en noviembre de 1968, con el objetivo de convencer a los isleños de la bondad del inminente acuerdo. Frente a un auditorio de unos quinientos colonos, Chalfont advirtió:
Ustedes se muestran reacios a comprender que las cosas están cambiando en el mundo exterior. El Reino Unido ya no es una gran potencia imperialista del siglo XIX (...)
Se trata de vuestro futuro. Yo no les estoy dando ninguna seguridad, pero cuando ustedes dicen «Mantengan a las Falkland británicas», asegúrense de saber que esto significa algo diferente a lo que significaba en 1900...
En reunión secreta con el Consejo Ejecutivo del archipiélago, el funcionario anunció que:
Delegación Chalfont acompañado por el Gobernador Colonial Cosmo Haskard
Calle Costanera, Puerto Stanley, agosto 1968
Gran Bretaña ya no podría mantener en las islas fuerzas navales suficientes para brindar protección, que ya no podría contribuir financieramente por la declinación del precio de la lana en el mundo, que había que tener en cuenta los intereses de la gran comunidad británica en la Argentina y que los isleños lo pasarían mejor dependiendo de la Argentina.
Mantuvo reuniones adicionales en las que aclaró que el consentimiento de los locales era fundamental para la firma de un eventual tratado de transferencia. Sus palabras no convencieron a los isleños, y el lobby, que seguía presionando en el Parlamento, consiguó que un grupo de representantes firmara una moción para instar al gobierno a declarar a los habitantes del archipiélago como "británicos" e intransferibles en contra de su voluntad.
A su regreso a Londres Chalfont fue interpelado en el Parlamento, donde recibió duros ataques de los opositores conservadores, que prometieron eliminar el asunto de la soberanía de la agenda exterior. Movida por los lobbistas, la prensa tuvo también una ferviente actitud crítica: el Daily Express hizo públicas las discusiones bajo el titular sensacionalista de "Malvinas en venta".
Mientras tanto, el gobierno argentino guardaba un silencio oficial que se extendería durante casi dos meses: aparentemente existía alguna oposición interna al acuerdo, aunque los detalles no son del todo claros. Ciertas fuentes consignan que la demora se produjo por diferencias insalvables acerca del texto de una nota adjunta al documento del Memorándum: Argentina exigía el reconocimiento liso, llano e incondicional de su soberanía sobre las Islas.
En octubre el embajador Eduardo Mc Loughlin participó en una reunión de información en donde sostuvo la necesidad de apoyar el documento, pero no consiguió del general Onganía ninguna manifestación en este sentido. El canciller Nicanor Costa Méndez debió esforzarse para mantener el asunto en movimiento.
Finalmente, a comienzos de diciembre de 1968 la Argentina presentó formalmente en Londres su aceptación del entendimiento. El embajador Mc Loughlin se entrevistó con el secretario Stewart para ejecutar los trámites finales. Sin embargo el funcionario británico se retractó aduciendo que "ya era tarde" y que no estaba en condiciones de aceptar el Memorándum debido a la intensidad de la oposición en la Cámara, en la prensa y en la opinión pública; el gobierno laborista temía una reacción desmedida que precipitara su caida.
Como consecuencia, el 11 de diciembre el gobierno británico decidió suspender todas las tratativas derivadas del Memorándum. Más tarde ese día Stewart declaró ante la Cámara de los Comunes que el gobierno volvía a colocar como eje central de la discusión la fórmula de la autodeterminación:
(...) el gobierno de Su Majestad ha tratado de llegar a un entendimiento con la Argentina a fin de garantizar una relación satisfactoria entre las islas y la región continental más próxima, aunque todavía no es total. Existe una divergencia básica respecto de la insistencia del gobierno de Su Majestad en que no podrá haber transferencia de soberanía contra los deseos de los habitantes de las Falkland Islands.
Esta postura sería mantenida por Londres desde entonces y hasta el presente.
La cancillería argentina emitió al día siguiente una respuesta en la que establecía su posición en contra de la interpretación británica del tema de la autodeterminación:
1. [El reconocimiento de la soberanía argentina] no debe estar supeditado a la conformidad de los actuales pobladores de las Islas.
2. La República tendrá en cuenta y asegurará los intereses de los habitantes de las Islas por medio de salvaguardias y garantías que se acuerden. El gobierno argentino conforme a los principios tradicionales ha informado su política en esta materia, acogerá esos pobladores con la más generosa disposición (...)
3. La concertación del acuerdo integral tendrá, por lógica consecuencia, el desarrollo de libres comunicaciones entre las Islas y el resto del territorio nacional argentino y la creación de vínculos definitivos con ellos (...)
Varios analistas coinciden al afirmar que el Memorándum de Entendimiento constituyó el compromiso histórico más explícito del Reino Unido sobre la transferencia de la administración de las Islas a la Argentina.
Otros autores, no obstante, argumentan que el documento continuaba sosteniendo la aceptación de los isleños como punto primordial para un eventual traspaso administrativo y relativizan la significancia del cambio de lenguaje utilizado en su texto.
La decisión del gabinete de abandonar el Memorándum fue una importante victoria del Falklands Lobby sobre los esfuerzos diplomáticos argentinos; durante los siguientes tres años la actividad bilateral decreció sensiblemente.
Cooperación
Con motivo del décimo aniversario de la resolución 1514, la Asamblea General aprobó el 12 de octubre de 1970 la resolución 2621 (XXV), por 86 votos a favor, 5 en contra (casi todos miembros del Commonwealth) y 15 abstenciones. El texto reafirmaba los principios expresados en aquélla y urgía a los estados miembros a acelerar la descolonización.
A partir de 1970 la agenda se concentró en el tema del tránsito y las comunicaciones de las Islas con el continente. Los británicos reconocieron el aislamiento excesivo del archipiélago: recibían noticias del mundo exterior exclusivamente a través de medios radiales; la infraestructura educativa y sanitaria era inadecuada, etc. La solución más económica pasaba por mejorar los lazos con el continente, pero sin aceptar los requerimientos argentinos para tratar la cuestión de fondo.
Tras ignorar varias propuestas argentinas en ese sentido, el Foreign Office aceptó sentarse a una mesa de negociaciones centrada en el tema de la comunicación, en la que invitó unilateralmente a varios isleños, entre los que sobresalía el gerente general de la Falkland Islands Company.
La ronda de tratativas comenzó en 1971; el 1º de julio ambos gobiernos emitieron una declaración que tenía por fin facilitar el movimiento de personas y bienes entre la Argentina continental y el archipiélago. El acuerdo comprometía a la Argentina a:
- Entregar documentación especial, en la que no se haría referencia a su nacionalidad, a los isleños que desearan trasladarse al continente;
- Eximir a los isleños de gravámenes por su actividad económica dentro de las Islas o por transporte de equipaje hacia o desde el resto del territorio argentino;
- Establecer un servicio aéreo semanal con las Islas.
Por su parte el Reino Unido se obligaba a:
- Eximir de gravámenes a los residentes del continente que efectuaren actividades económicas en el archipiélago;
- Proveer un servicio marítimo regular de pasajeros, correspondencia y carga.
Además el gobierno argentino se ofrecía a cooperar en las áreas de salud, educación y agricultura, en el caso de que le fuera requerido. Se incluían medidas para regular las tarifas de comunicación postal, telegráfica y telefónica, y la creación de una comisión biestatal para coordinar el accionar conjunto. La estrategia argentina buscaba incrementar el interés de los habitantes del archipiélago por la cultura y economía continental, de manera de acercar posiciones en forma progresiva mediante la profundización de los lazos y confianza mutua y facilitar una eventual transferencia de soberanía.
En Argentina esta declaración fue aprobada el 1º de julio de 1971 y refrendada mediante ley nacional por el gobierno del general Alejandro Agustín Lanusse. Por su parte el acuerdo fue recibido con beneplácito por los sectores más intransigentes del Reino Unido: la prensa, el Falklands Lobby y el parlamento conservador, tradicionalmente opuestos a la conciliación con Argentina.
El 7 de enero del año siguiente un buque turístico argentino, la motonave ARA Libertad, realizó una escala en Puerto Stanley como hito simbólico del proceso de acuerdo. En el barco viajaban el embajador de Gran Bretaña en Buenos Aires, Michael Hadow y el director general de Antártida y Malvinas de la cancillería argentina, Mario Izaguirre.
La colaboración en pos del acuerdo original prosiguió. El 2 de mayo, mediante la firma de un convenio al respecto, Argentina se comprometió a construir un aeródromo provisorio compuesto por una única pista de 800 m de largo por 30 de ancho, cuyo mantenimiento tendría a su cargo. Seis meses después, un convenio accesorio acordó la apertura de una agencia de LADE en Puerto Stanley y la iniciación de los vuelos con el continente.
Más allá de esta cooperación, de la que los isleños fueron los principales beneficiarios, la negociación por la soberanía fue prácticamente aplazada por los británicos, que continuaron negándose sistemáticamente a tratar el tema. Hacia 1972 esta situación había desembocado en un impasse en las negociaciones.
El 25 de mayo de 1973 Héctor J. Cámpora juró como presidente constitucional. En su discurso de asunción afirmó que la recuperación del archipiélago sería uno de sus objetivos. Su gobierno encaró el problema desde una postura más enérgica y denunció ante las Naciones Unidas que el Reino Unido empleaba una estrategia dilatoria.
La ONU, incomodada por el nulo avance en la cuestión de fondo tras ocho años de negociaciones, respondió inmediata y afirmativamente a la denuncia argentina con la aprobación el 14 de diciembre de la resolución 3160 (XXVIII), por 116 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones, en la que señalaba su preocupación por la falta de progreso en las tratativas e instaba a las partes a proseguirlas de acuerdo a lo previsto en la resolución 2065.
Esta presentación no interrumpió la cooperación en materia de comunicaciones y de transporte; sin embargo el canciller Alberto J. Vignes afirmó en julio de 1974 que la "política amistosa" quedaba supeditada a una aceleración en las negociaciones sobre la cuestión de fondo.
10 de junio:
Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas e Islas del Atlántico Sur
Desde el inicio mismo de su existencia como nación independiente, la Argentina exteriorizó a través de actos de gobierno la firme voluntad política de ejercer su soberanía efectiva en los territorios australes y espacios marítimos heredados de España. El 10 de junio de 1829 se crea la "Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico", por decreto del Gobernador Interino de la Provincia de Buenos Aires, Brigadier General Martín Rodríguez.
Mediante este acto, el Gobierno argentino reafirmó sus legítimos títulos sobre las Islas y buscó asegurar el respeto de las leyes para la mejor protección de las actividades de la población argentina y de otros países que residía en las Islas, sin discriminación alguna. Se creó de esta manera el marco institucional adecuado para la posterior empresa colonizadora del designado gobernador de las Islas Malvinas, Luis Vernet.
Con motivo de conmemorarse el día 10 de Junio el día en que se designa al primer Comandante Político y Militar (Gobernador Argentino) de las Islas; en el año 1973 la Diputada Nacional por Tierra del Fuego, Esther Fadul de Sobrino, presenta ante el Congreso Nacional un proyecto alegórico que luego se convertiría en Ley.
Ley Nacional 20.561/73 - Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico
Sanción : 14 de noviembre de 1973
Promulgación : 30 de noviembre de 1973
Publicación : B.O.20/12/73
Artículo 1: Fíjase como Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico, el 10 de junio, expresión de soberanía que se celebrará todos los años en todo el país.
Artículo 2: Ese día y a una misma hora se conmemorará el fasto en los establecimientos de enseñanza de todos los ciclos, del Estado y particulares, unidades y oficinas de las Fuerzas Armadas, sedes judiciales y dependencias de la administración pública, dentro y fuera del territorio, con actos alusivos, dictándose al efecto clases especiales y conferencias en las que se señalarán los antecedentes históricos, la legitimidad de los títulos argentinos y la forma en que ella se ejercita en el sector austral.
Artículo 3: Asimismo y como protesta simbólica contra las agresiones sufridas por la República en la región, se embanderarán e iluminarán obligatoriamente en esa fecha, todos los edificios donde funcionen dependencias oficiales.
Artículo 4: Comuníquese, etc.
Hacia un condominio
Frente a estos hechos, el nuevo gobierno del primer ministro Harold Wilson decidió restablecer conversaciones sobre la soberanía, introduciendo la posibilidad de que el gobierno de Su Majestad aceptara una eventual soberanía compartida:
(...) el objetivo del Gobierno de Su Majestad al entrar en negociaciones sobre la base del condominio será resolver la disputa de la soberanía a través de la aceptación de la co-soberanía argentina sobre las Islas y que el producto final pueda ser un tratado que solucione la disputa anglo-argentina creando una atmósfera favorable en la cual los isleños puedan desarrollarse acorde a sus intereses.
A continuación, las reuniones bilaterales —altamente confidenciales— se hicieron más frecuentes: se llegó a un consenso sobre cuestiones básicas, como que el español y el inglés serían idiomas oficiales, que los isleños gozarían de la doble nacionalidad, que ambas banderas flamearían juntas, y que el gobernador sería designado por Londres y Buenos Aires en forma alternada.
El fallecimiento del entonces presidente Juan Domingo Perón en julio de 1974 puso fin a las negociaciones; no existe suficiente evidencia de que Perón apoyara el posible acuerdo, pero resulta claro que tras su muerte la negociación perdió su sustento político interno. En forma paralela, el parlamento del Reino Unido hizo zozobrar las conversaciones pues no contaban con la aprobación de los isleños. En agosto el Foreign Office admitió que las tratativas deberían abortarse.
Petróleo
A partir de 1970 el gobierno británico había encargado una serie de relevamientos geológicos en el área de Malvinas, a fin de determinar la existencia de petróleo en el subsuelo. Hacia mediados de la década el resultado acumulado de estas investigaciones (a cargo de la Universidad de Birmingham) sostenía una moderada probabilidad de que en efecto existieran hidrocarburos en las aguas cercanas al archipiélago. Varias empresas petroleras británicas centraron su atención en la zona.
Al hacerse públicas las intenciones británicas de proseguir la exploración, la cancillería argentina emitió el 19 de marzo de 1975 un duro comunicado en el que dejaba en claro que el país no reconocía al Reino Unido ningún derecho en materia concerniente a los recursos naturales:
Teniendo en cuenta que las Islas Malvinas y dichas áreas forman parte integrante del territorio nacional, el gobierno argentino manifiesta que en ellas no reconoce ni reconocerá la titularidad ni el ejercicio de ningún derecho relativo a la exploración y explotación de minerales o hidrocarburos por parte de un gobierno extranjero.
Por consiguiente tampoco reconoce ni reconocerá y considerará insanablemente nulos cualquier actividad, medida o acuerdo que pudiera realizar o adoptar Gran Bretaña con referencia a esta cuestión que el gobierno argentino estima de la mayor gravedad e importancia. (...)
El gobierno argentino considerará, además, la materialización de actos de la naturaleza antes mencionada, contraria a las resoluciones y consensos sobre las Islas Malvinas adoptadas por las Naciones Unidas, cuyo claro objetivo es la solución de la disputa de soberanía entre los países por la vía pacífica de las negociaciones bilaterales.
Las relaciones entre los dos países se deterioraron rápidamente. Al mes siguiente el nuevo embajador británico hizo saber al canciller Vignes que ante cualquier ataque argentino a las Islas el Reino Unido respondería con la fuerza militar. La Argentina respondió el 12 de octubre que cualquier innovación con fines económicos sería motivo de fuerte rispidez en el ámbito binacional, haciendo peligrar la solución pacífica del diferendo; esta advertencia argentina no rindió frutos: el 16 de octubre el gobierno de Su Majestad confirmó el envío a las islas de una misión económica oficial encabezada por Lord Shackleton.
El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió que no concedía permiso oficial a la misión Shackleton, argumentando que las acciones unilaterales británicas sobre las Islas eran incompatibles con las negociaciones que bajo supervisión de la ONU intentaban dirimir el conflicto de su soberanía.
En vista de la presión existente, en julio de 1975 el Reino Unido propuso a la Argentina discutir sobre el desarrollo conjunto del Atlántico Sur. La cancillería argentina aceptó esa posibilidad con la condición de que la agenda incluyera el trasfondo por la soberanía. El Foreign Office se negó, pero la Argentina se mantuvo firme en su exigencia de que el tema de la soberanía fuera central en toda tratativa sobre explotación económica.
Para noviembre las negociaciones se hallaban en estado de virtual ruptura: el representante argentino en las Naciones Unidas afirmó que, en virtud de ello, su país no dejaría de hacer valer sus derechos en la forma que considerara más apropiada. Esta velada amenaza de acción militar comenzó a hacerse común en la acción diplomática argentina.
A raíz de un ofrecimiento británico para abrir la agenda a "otras cuestiones", el nuevo canciller argentino, Manuel Aráuz Castex, propuso modificar la misión Shackleton a una acción binacional, a fin de eliminar su carácter "unilateral y provocativo". Este claro ofrecimiento de desarrollo conjunto fue distorsionado por los británicos, reduciéndolo a la posibilidad de que la Argentina proveyera sólo tres técnicos; con este accionar el Reino Unido había hecho evidentes sus intenciones de actuar de manera exclusivamente unilateral.
La tensión entre los dos países siguió en escalada: el 3 de enero de 1976 se produjo el arribo de lord Shackleton a las Malvinas. La cancillería argentina no dejó escapar la simbología de las fechas (la invasión de 1833 también se había producido un 3 de enero), calificando la "coincidencia" de "hostil y desconsiderada".
El 5 de enero de 1976 el gobierno de María Estela Martínez de Perón emitió un comunicado ante lo que consideraba una "ruptura unilateral" de las conversaciones por parte de los británicos:
Ante tal comprobación, la cancillería argentina estima inadecuado avenirse a considerar temas que, frente a aquella reticencia, resultan insustanciales con relación al problema verdadero, y no conducentes por lo tanto a la justa solución del mismo (...) Como consecuencia de ello el Pueblo de la República debe estar advertido de que su gobierno, juntamente con las Fuerzas Armadas y demás organizaciones institucionales que estructuran el Estado argentino, comparten inquebrantablemente el celo de aquél por la defensa de la dignidad y los derechos de la Nación; y que actuarán sin precipitación pero con toda la persistencia, la prudencia y la energía que sean necesarias para lograr justicia.
El 7 de enero un diputado justicialista propuso confiscar todas las propiedades británicas en la Argentina, sin compensación, hasta que Gran Bretaña devolviera las Islas.
Movida por este aumento de la tensión Gran Bretaña ensayó un tímido intento por enfriar los ánimos, sosteniendo que la discusión por la soberanía era una "disputa estéril", al tiempo que invitaba a continuar con las conversaciones. La negativa argentina fue tajante: afirmó que se rehusaba a reanudar las relaciones mientras las movidas unilaterales británicas continuasen, e invitó al gobierno de Su Majestad a que retirara su embajador de Buenos Aires, al tiempo que informaba que el representante argentino no retornaría a Londres.
Pocos días más tarde, el 27 de enero, el Ministro de Estado del Foreign Office declaró ante la Cámara de los Lores que:
...no habrá cambios en la soberanía británica sobre las Islas Falkland en contra de los deseos de los isleños. Pero el gobierno de Su Majestad estima que se atenderá mejor a los intereses a largo plazo de los isleños mediante vínculos estrechos y amistosos con la Argentina.
Las relaciones diplomáticas entraron en un período de congelamiento, en el que abundaron en ambos gobiernos las expresiones de buena voluntad con el propósito de recomponer vínculos.
Mientras ambos gobiernos trataban de mantener la situación de tensión bajo control, algunos sectores en la Argentina solicitaban una acción más enérgica. En efecto, el mismo día, el líder de la bancada de la oposición, Antonio Trócoli (UCR), hizo un pedido de informes al Poder Ejecutivo. Por este trámite, quiso saber qué otras medidas se habían considerado además del retiro de los embajadores y si ello era todo lo que el país podía hacer para castigar a Gran Bretaña.
En medio de la crisis, el 16 de enero, un buque de transporte de la Armada Argentina desembarcó en Puerto Stanley 750 toneladas de equipo y cincuenta miembros del cuerpo de ingenieros del Ejército. En la capital de las Islas muchos pensaron que se hallaban ante el preludio de la invasión. Sin embargo, un mensaje del Foreign Office desde Londres, enfrió los ánimos al informar que el desembarco del equipo era legítimo y que se trataba del material para extender la pista de aterrizaje según se había acordado en 1972.
Durante esos días, la prensa británica reprodujo artículos escritos por isleños donde se expresaron sus temores acerca de que el Foreign Office los hubiera "vendido" y que como "peones que eran, se transformarían en las víctimas de una batalla diplomática perdida".
Los organismos regionales se expidieron en apoyo de la Argentina. La Organización de los Estados Americanos sostuvo que la exploración del potencial económico de las Islas constituía una amenaza a la seguridad hemisférica. También el 16 de enero, el Comité Jurídico Interamericano de la OEA declaró en Río de Janeiro que la Argentina tenía un inobjetable derecho de soberanía sobre las Islas Malvinas. Calificó a la misión Shackleton como una "innovación unilateral" que violaba las Resoluciones de las Naciones Unidas 2.065 (XX) y 3.160 (XXVIII) y que amenazaba la paz internacional y la de toda América Latina; por último, que todas esas acciones implicaban un esfuerzo hostil para silenciar los reclamos argentinos y obstaculizar el progreso de las negociaciones solicitadas por la Asamblea General. Con posterioridad, Gran Bretaña rechazó, en una nota presentada a la Comisión de Descolonización de las Naciones Unidas, la declaración de la Comisión Jurídica de la OEA.
Incidente Shackleton
El pico de la crisis se alcanzó el 4 de febrero cuando el destructor de la Armada Argentina ARA Almirante Storni se dispuso a detener al buque de investigación oceanográfica británico RRS Shackleton que navegaba a 78 millas al sur de Puerto Stanley.
Desde el destructor se ordenó: "Detenga las máquinas o abriré fuego". El motivo esgrimido por la nave argentina fue que los británicos se hallaban dentro del límite de la jurisdicción argentina de las 200 millas alrededor de las Islas. Según algunos informes, también se creía que Lord Shackleton se encontraba a bordo.
El capitán del buque británico, actuando bajo órdenes radiales del gobernador británico de las Malvinas, Neville French, no detuvo la marcha, se rehusó a recibir un grupo de abordaje o seguir al Storni al puerto de Ushuaia. Con el fin de aumentar la presión, las acciones del destructor fueron apoyadas por un avión de reconocimiento marítimo Neptune de la Armada.
El destructor entonces hizo varios disparos sobre la proa del Shackleton que a pesar de ello prosiguió su ruta hacia Puerto Stanley. El buque argentino no persistió en su accionar, pero siguió a la nave inglesa hasta seis millas de ese puerto donde finalmente emprendió el retorno.
El hecho que el destructor argentino se haya limitado a realizar algunos disparos y que no emprendiera una acción más drástica, fue un gesto planificado por el gobierno argentino para reforzar su reclamo sin permitir que la situación se desbordase: no se le reconocería al Reino Unido la potestad del desarrollo económico del archipiélago.
Ante los hechos, se sucedieron las protestas británicas ante el Gobierno argentino y ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Argentina protestó y acusó al Gobierno británico de haber violado las normas relativas a la jurisdicción marítima, en tanto que el Reino Unido denunció la actuación del buque argentino como un "peligroso" hostigamiento contra un buque que navegaba pacíficamente para efectuar "un relevamiento científico en la zona".
Sin embargo, el enfrentamiento no escaló. Al día siguiente de los disparos, Edward Rowlands, ministro de estado del Foreign Office, afirmó ante la Cámara de los Comunes que harían "todo lo posible para enfriar la situación" pero fue ovacionado cuando sostuvo que la posición del Gobierno era clara: respetar los deseos de los isleños. Para Beck, la respuesta de su país estuvo relacionada, no sólo, con el deseo tradicional de Gran Bretaña de evitar los conflictos con la Argentina, sino para evitar otros problemas dado que en ese mismo momento la "Guerra del Bacalao" con Islandia estaba en plena escalada.
Por otra parte, Kinney agrega que el debate parlamentario sobre el tema demostró que la posición británica era débil dado lo exiguo de sus fuerzas militares. Sin embargo, las consecuencias de la acción argentina no tuvieron mayor impacto sobre la política británica hacia las Islas y prevaleció el status quo. Los isleños persistieron en su empeño de permanecer bajo la soberanía británica, el Foreign Office continuó tratando de alcanzar algún grado de cooperación económica de todas las partes involucradas, y muchos argentinos continuaron exigiendo soberanía plena sobre las Islas. Al respecto el canciller Quijano afirmó,
(...) el centro de nuestra discusión es (...) [la] soberanía (...) No podemos avanzar y si el Reino Unido no desea discutir este tema nosotros no podemos tratar los otros temas. Por supuesto que estamos muy interesados en la cooperación económica y las comunicaciones, pero sin soberanía estos son temas mucho más periféricos.
A pesar de lo sucedido o debido a ello, el canciller argentino, y el ministro Rowlands acordaron en Nueva York reasumir el diálogo. Al mismo tiempo, Rowlands le comunicó claramente que el Gobierno británico "defendería las Islas si los argentinos intentaban utilizar la fuerza".
Discusiones sobre soberanía
A principios de 1976 había gobiernos nuevos en ambos países: un golpe de Estado en Argentina había puesto en la presidencia a Jorge Rafael Videla, mientras que en Gran Bretaña había asumido el laborista James Callaghan. Las flamantes autoridades intentaron devolver las relaciones a su cauce normal, mediante una serie de conversaciones secretas de agenda abierta que se realizaron en ambas capitales.
El gobierno argentino presentó una propuesta escrita a su par británico en la que diseñaba un traspaso progresivo de soberanía de las islas, que contemplaba una primera etapa de administración conjunta, de ocho años de duración, seguida del traspaso pleno de la administración a la Argentina.
Movido por el interés de acceder a créditos financieros del Reino Unido, el ministro de economía argentino, José Alfredo Martínez de Hoz, enfatizó la necesidad de lograr acuerdos de cooperación y dejar la presión confrontadora de lado. Encontró una fuerte oposición en la cancillería argentina, que logró finalmente imponerse.
A finales de julio se publicó en Londres el Informe Shackleton, que destacaba la debilidad de la economía monoproductora malvinense, y la consiguiente y acuciante necesidad británica de cooperación argentina para lograr el desarrollo de las Islas en el aspecto pesquero y petrolífero. El gobierno de Su Majestad vio entonces renovadas sus ambiciones de desarrollo conjunto del Atlántico Sur, e intentó nuevamente conseguir el apoyo de la Argentina, que sin embargo se mantuvo firme en su postura:
Respecto de una hipotética cooperación entre la Argentina y el Reino Unido para el desarrollo de industria y petróleo en las Malvinas, el Ministerio de Relaciones Exteriores repite la posición del Gobierno argentino que es que el tema esencial por resolver es la disputa por la soberanía y, por lo tanto, no tiene comentarios para hacer en asuntos que no estén directamente relacionados con ellos.
En el ámbito de las Naciones Unidas existía para entonces un generalizado apoyo a la causa argentina, al que se sumaba la preocupación por las posibles consecuencias del accionar de Londres: el 1º de diciembre la Asamblea General aprobó la resolución 3149 (XXXI), por 102 votos a favor, el Reino Unido en contra, y 32 abstenciones, que reconocía:
(...) los continuos esfuerzos realizados por el Gobierno de la Argentina, conforme a las decisiones pertinentes de la Asamblea General, para facilitar el proceso de descolonización y promover el bienestar de la población de las Islas.
Además instaba a las partes (en alusión al Reino Unido) a que se abstuvieran de acciones unilaterales que pudieran hacer peligrar el proceso de negociación impulsado por las resoluciones 2065 y 3160 y pedía nuevamente la aceleración de las tratativas.
El Foreign Office publicó el 2 de febrero de 1977 una declaración en la que apoyaba las conclusiones del Informe Shackleton y hacía hincapié en las posibilidades de cooperación con la Argentina, pero sin hacer concesiones en el tema de fondo. Inmediatamente envió una delegación a las Islas a fin de convencer a los locales de las bondades de un desarrollo económico binacional del archipiélago; estas gestiones tuvieron resultado negativo.
Le siguieron una serie de conversaciones con la cancillería argentina en Buenos Aires, en donde se consiguió la reanudación total de las relaciones diplomáticas y la reposición de los respectivos embajadores. Este gesto de buena voluntad frenó un plan del Reino Unido para asignar a las Islas un grupo de despliegue militar.
No obstante se logró un sorprendente avance: el 19 de abril se emitió un comunicado de prensa conjunto en el que la soberanía constituía un punto primordial:
[Se establecerán negociaciones] que se refieren a las futuras relaciones políticas incluyendo la soberanía, con relación a las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur y a la cooperación económica con respecto a dichos territorios en particular y al Atlántico Sudoccidental en general.(...) [Ambos países buscarán] una solución pacífica a la disputa existente entre los Estados sobre la soberanía y al establecimiento de un marco para la cooperación económica argentino-británica.
En visita oficial en Comodoro Rivadavia, el secretario del Foreign Office declaró su predisposición para discutir el tema de la soberanía, que sería tratado en las negociaciones subsiguientes. Estos antecedentes fueron históricos: por primera vez el Reino Unido aceptaba la discusión de la cuestión de fondo en el diferendo. La excusa para explicar este cambio abrupto de postura recaía en que el gobierno de Su Majestad contaba ahora con la aprobación del gobierno de las Islas. Sin embargo, ésta no coincidía con la opinión de los isleños, sino que emanaba de directivas del propio Foreign Office. El secretario fue duramente criticado en Londres por la prensa y por el Parlamento, debido a su predisposición para discutir sobre la soberanía.
A pesar de esta oposición ambos gobiernos arribaron a un acuerdo sobre el temario a desarrollar en las negociaciones futuras: contemplaba tanto la intercolaboración económica como la disputa por la pertenencia territorial, pero aclaraba que la población de las Islas sería consultada, y que el hecho de encarar dichas discusiones no constituía un abandono de posiciones para ninguno de los dos gobiernos, por lo que en esencia subsistía el mismo esquema: el Reino Unido estaba interesado exclusivamente en el desarrollo económico y la Argentina en su reclamo soberano.
El plan de Londres era dilatar todo lo posible la transferencia de soberanía, al tiempo que capitalizaba los beneficios del desarrollo bilateral del archipiélago; de persistir la presión argentina, entretendría a su contraparte con concesiones de territorios dependientes mientras encaraba tareas propagandísticas para convencer a la opinión pública sobre la conveniencia del traspaso.
Entretanto, el empresario argentino Héctor F. Capozzolo intentó comprar parte de la Falkland Islands Company, con la intención de que el Falklands Lobby perdiera su principal financiador, pero el gobierno británico prohibió la operación.
Los encuentros diplomáticos bajo la agenda acordada se extendieron hasta fines de 1981 en Nueva York, Lima, Ginebra y París. Al comienzo de las gestiones el gobierno británico decidió apostar secretamente una fuerza naval en las cercanías de las Islas, debido a la escalada de hostilidades de los meses precedentes; fue retirada al cabo de la primera ronda debido a la distensión resultante.
Las reuniones de Lima se inclinaron hacia el tema de la cooperación, y las de Ginebra sólo arrojaron un principio de acuerdo para la colaboración científica en Georgias y Sandwich del Sur que fue rápidamente desechado por el gobierno de Su Majestad debido al rechazo que cosechó en el consejo legislativo de las Islas.
Arriendo
En mayo de 1979 Margaret Thatcher asumió como primer ministro e introdujo un nuevo impulso a las tratativas. La divergencia de intereses de las partes se había evidenciado cada vez más en el curso de los últimos encuentros. En un breve ciclo de reuniones bilaterales en Buenos Aires volvió a reiterarse el mismo patrón: la postura británica sobre la autodeterminación de los isleños constituía un obstáculo para el entendimiento mutuo; éstos se oponían a cualquier tipo de cambio en el status quo y abrazaban la idea de un congelamiento indefinido del asunto.
La negativa argentina de aceptar a los colonos como parte de la negociación tropezaba con la intransigencia británica de supeditar la decisión final a la opinión de éstos. El Reino Unido temía que su par sudamericano recurriera a medidas más drásticas para conseguir sus propósitos; sabía que la Argentina tenía la capacidad para ocupar las Islas y que las escuetas fuerzas británicas no podían defenderlas adecuadamente sin un exagerado aumento de gastos.
En abril de 1980 prosiguieron las conversaciones en Nueva York, que nuevamente giraron hacia el tema de la explotación conjunta de los recursos atlánticos. En julio Londres propuso a los isleños la solución de la disputa mediante un mecanismo de arriendo, por el que la Argentina obtendría la soberanía nominal mientras que el Reino Unido seguiría administrando el archipiélago durante un período a estipularse que, según las fuentes, oscilaba entre 25 y 99 años.
Los colonos seguirían manteniendo su modo de vida y, del consiguiente desarrollo conjunto, un aumento de los beneficios económicos. La opinión de los isleños se mostró dividida: una mayoría indecisa y una minoría marcadamente en favor de dejar las cosas como estaban, que lo hizo saber de manera categórica, con rechiflas incluidas.
Pero ante la sola posibilidad de un acuerdo cercano, el Falklands Lobby entró nuevamente en acción: el London Times publicó un artículo en primera plana denunciando en términos dramáticos la propuesta del arriendo.
El gobierno británico fue empujado hacia la defensiva y se vio obligado a efectuar declaraciones arriesgadas y contradictorias en vista de su reciente accionar. Ante una interpelación al ministro Nicholas Ridley, en la que se expresó el descontento mediante chiflidos y abucheos, los parlamentarios laboristas y conservadores por igual atacaron los planes gubernamentales con inusitada dureza.
Por consiguiente, se restringió enormemente el margen de maniobra del gobierno británico, lo que terminó influyendo negativamente en las siguientes rondas diplomáticas: en Nueva York propuso congelar la discusión sobre soberanía por un número a consensuar de años, durante los cuales las tratativas girarían exclusivamente en torno a la explotación económica del archipiélago. Esto provocó un categórico rechazo de la parte argentina, que permaneció intransigente en sus exigencias sobre las prioridades del temario a tratar.
Mientras tanto, los recortes al presupuesto militar habían decidido enviar a desguace o venta a una gran porción de la flota de superficie británica, incluyendo dos portaaviones. El gobierno británico empezó a tomar conciencia de lo acotadas que estaban sus posibilidades de negociación, y de cuán rápidamente iba en aumento la ansiedad por avances concretos y significativos en la política interna argentina.
Ante este panorama las autoridades concluyeron que la alternativa del arriendo era la única posible; en base a los reportes de enviados a las islas y a la Argentina, el Foreign Office consideraba que los isleños podían ser convencidos de las virtudes de un acuerdo en este sentido.
El ambiente político interno argentino era, por el contrario, más complejo: la idea contaba con el apoyo de funcionarios civiles, pero todavía encontraba resistencia en las jerarquías militares.
Más allá de este acertado diagnóstico, poco se hizo durante los meses siguientes para acercar la opinión pública británica a la postura gubernamental. Peor aún, se produjo un claro retroceso en la situación:
Ridley fue reemplazado por un representante del Falklands Lobby, Richard Luce; la oposición a un acuerdo con la Argentina se consolidó en las Islas mediante el triunfo de los partidarios del status quo en las elecciones legislativas; mientras que Buenos Aires exigía una solución rápida y directa, el Reino Unido adoptó una inflexibilidad aún mayor; en el siguiente ciclo de entrevistas diplomáticas en octubre se hizo evidente que a pesar de las buenas intenciones no quedaba ya espacio para actuar.
Hacia fines de octubre el embajador británico en Buenos Aires informó a Londres que la paciencia argentina se estaba agotando.
Derechos Reservados © Fundación Malvinas 2024
Ushuaia - Tierra del Fuego - Argentina
[email protected]